La Junta Electoral Andaluza ordena al PSOE suprimir la mención a la "próxima cita médica" en una campaña telefónica que imitaba el tono del Servicio Andaluz de Salud
La Junta Electoral Andaluza ha dictado una resolución que obliga al PSOE a modificar una campaña telefónica en la que, según el órgano, una locución evocaba el tono del Servicio Andaluz de Salud. La decisión, conocida el 15/05/2026, responde a la denuncia de un particular que recibió una de esas llamadas y consideró que la grabación podía generar inquietud sobre una cita sanitaria real.
La Junta ha exigido la supresión de la frase inicial «le llamo por su próxima cita médica», que, en su opinión, podía inducir a error.
En el fondo del conflicto se sitúa el límite entre la propaganda electoral y la posible suplantación de un servicio público.
La campaña, que critica la gestión sanitaria y alerta sobre una supuesta privatización por parte del Partido Popular, incluía un mensaje dirigido al electorado y rematado con un llamamiento al voto a favor de María Jesús Montero y del PSOE. La Junta optó por una medida proporcional: no ha ordenado retirar toda la campaña, sino eliminar una fórmula concreta que considera confusa.
Qué exige la resolución y su alcance
La resolución insta al PSOE a suprimir únicamente la frase que aludía a la «próxima cita médica», manteniendo el resto del contenido crítico sobre la gestión del sistema sanitario. La Junta Electoral justifica su orden en la protección de la tranquilidad ciudadana y en la salvaguarda del derecho a la salud, advirtiendo de que la mención a una cita concreta puede generar «desconfianza e inquietud» en quien tiene una reserva real en el sistema. El órgano también subraya que la eliminación de esa frase no menoscaba el mensaje político esencial.
Motivos de la Junta: confusión y protección del derecho a la salud
En su análisis, la Junta argumenta que la locución inicial podía llevar a algunos destinatarios a pensar que la llamada procedía del Servicio Andaluz de Salud. Esa confusión resultaría especialmente sensible en personas mayores, que conservan teléfono fijo y hacen un uso frecuente del sistema sanitario. La resolución pone el énfasis en que se pone en juego la calma de quienes esperan atención sanitaria y que la expectativa de recibir una respuesta por parte de los servicios médicos es una cuestión de alta relevancia pública.
Evaluación sobre el tratamiento de datos y la legalidad de las llamadas
Respecto a la protección de datos, la Junta señala que en el expediente no consta prueba de un tratamiento ilícito de datos personales ni de un uso manual de listados que vulnerase la normativa. Asimismo, el órgano distingue entre el uso legítimo del teléfono como medio de publicidad electoral y prácticas que podrían llegar a suplantar identidades institucionales. La resolución aconseja, además, vías alternativas para quienes estimen haber sufrido un abuso: acudir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos o a la Agencia Española de Protección de Datos.
Contexto político y reacciones
La campaña telefónica se enmarca en el tramo final de la campaña andaluza, donde la defensa de la sanidad pública ha sido un eje central del discurso del PSOE. Los socialistas han denunciado la supuesta privatización por parte del PP como argumento para movilizar voto. Por su parte, la detección de llamadas con un tono que recuerda al de profesionales sanitarios ha despertado críticas y preocupaciones sobre la idoneidad de ciertas tácticas en periodos electorales, sobre todo cuando alcanzan a colectivos vulnerables.
Impacto en colectivos vulnerables
La resolución pone de relieve que muchas de las llamadas se recibieron en líneas fijas vinculadas a personas de mayor edad, un segmento de la población que suele ser más dependiente del sistema sanitario y más susceptible a la confusión. Por ello, la Junta considera que una referencia a «su próxima cita médica» puede generar alarma innecesaria y afectar la confianza ciudadana en la continuidad de la atención en una materia tan sensible como la salud. El órgano optó por una medida mínima que preserva la libertad de expresión electoral y, a la vez, protege a los potenciales afectados.
En definitiva, la orden de la Junta Electoral Andaluza marca un precedente sobre cómo debe manejarse la publicidad electoral cuando imita protocolos administrativos. La decisión busca equilibrar el derecho a comunicar mensajes políticos con la obligación de no confundir a la ciudadanía ni perturbar la garantía de servicios públicos esenciales. Quienes reciban llamadas similares y consideren vulnerados sus derechos están invitados a usar los cauces administrativos y judiciales disponibles.
