El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa al expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pues ve indicios de desobediencia grave.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa al expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pues ve indicios de desobediencia grave al tramitar resoluciones que respondieron a la sentencia del procés en 2019.
Procesan a Roger Torrent por desobediencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesa a Roger Torrent, expresidente del Parlamento catalán, por desobediencia. La sala civil y penal de la alta instancia judicial ha enviado a juicio al ahora consejero de Empresa y al resto de la Mesa del Parlament por avalar la discusión y el voto de dos mociones sobre la independencia de Cataluña y la jefatura de Estado.
En un auto y una interlocutoria emitidos hoy, el TSJC precisa que existen indicios de que Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado cometieron delito de desobediencia grave, el tipo que recoge el artículo 410 del Código Penal.
Acusado de desobediencia
La magistrada instructora, María Eugenia Alegret, afirma que hay indicios de delito de desobediencia, por lo que notifica a las partes para que, si lo estiman oportuno, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o pidan el archivo de la causa.
La causa se deriva de una querella que presentó la Fiscalía contra Torrent y la Mesa por tramitar dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019, poco después de la sentencia del procés.
Sentencia del ‘procés’
Roger Torrent, junto a tres partidos del Parlamento catalán, votaron dos resoluciones contra las sentencias del procés catalán en 2019.
El propio Roger Torrent aseguró que «asumiría todas las consecuencias» del debate parlamentario que vulnera las propias competencias de la Cámara.
El Constitucional avisó
Antes, el Tribunal Constitucional había advertido expresamente a los miembros de la Mesa del Parlament de que una sentencia de 2 de diciembre de 2015 anulaba y dejaba sin efecto la declaración parlamentaria anterior de inicio del proceso de independencia.
La instancia judicial indicó a los diputados que debían abstenerse de realizar cualquier actuación referente a las dos mociones. Sin embargo, la Mesa admitió a trámite las dos propuestas de resolución y permitió que se votaran.
