Juicio oral a Begoña Gómez: delitos, medidas cautelares y polémica judicial

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, se enfrenta a un juicio oral por cuatro delitos graves, mientras el juez Peinado impone medidas cautelares y abre una nueva investigación.

En un giro significativo en el panorama judicial español, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a un juicio oral por cuatro delitos graves. El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha tomado una serie de decisiones que han generado gran revuelo en la esfera política y judicial.

La resolución del juez Peinado, publicada el 20 de junio de 2026, establece la apertura de una nueva línea de indagación para analizar la posible comisión de los delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea.

Esta medida se produce apenas unos días después de la audiencia preliminar en la causa principal, donde Gómez enfrenta la investigación por tráfico de influenciascorrupción en los negociosmalversación y apropiación indebida.

Nueva investigación sobre un contrato adjudicado por Red.es

La nueva investigación ordenada por Peinado se centra en un contrato concedido por la entidad pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Innova Next propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, y la consultora KPMG. Este contrato, financiado con fondos comunitarios Feder, había sido previamente examinado por la Fiscalía Europea.

En las resoluciones firmadas para esta pieza separada, están formalmente investigados Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa. El juez ha solicitado la opinión de la Fiscalía de Madrid sobre esta nueva línea de investigación. La defensa de Gómez sostiene que ella no tiene relación alguna con ese contrato, subrayando que ni siquiera figura una carta de recomendación o respaldo firmada por ella en dicho expediente.

Medidas cautelares y polémica política

Mientras se desarrolla esta nueva investigación, las partes involucradas aguardan la decisión del juez Peinado sobre la causa principal, que determinará si se abre juicio oral para sentar a Begoña Gómez ante un jurado popular o si se archivan las actuaciones. Además, el juzgado debe resolver próximamente sobre las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular encabezada por Hazte Oír.

Estas medidas incluyen la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial por riesgo de fuga. La resolución del juez Peinado ha generado polémica, especialmente por un párrafo en el que se contempla la posibilidad de que los agentes encargados de la seguridad de Gómez puedan colaborar en una eventual fuga.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado duramente el auto del juez Peinado, cuestionando la lógica detrás de esta hipótesis. Puente ha afirmado que el auto llega a sugerir que puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse una afirmación que ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los círculos políticos.

La reacción del ministro se ha producido después de que el juez Peinado justificara las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez por el riesgo de fuga. En su resolución, el magistrado ha sostenido que los agentes que acompañan habitualmente a la esposa del presidente podrían, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos colaborar en acciones destinadas a impedir que la acusada quede a disposición de la justicia.

El auto no incorpora indicios concretos que sustenten la posibilidad de que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran participar en una actuación de este tipo. Sin embargo, la hipótesis ha sido suficiente para generar una fuerte reacción en el gobierno y en la oposición.

El juez ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado ha atribuido a la esposa del presidente del Gobierno los delitos de malversaciónapropiación indebidatráfico de influencias y corrupción en los negocios además de imponerle medidas cautelares como la retirada de todos sus pasaportes, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

La decisión ha llegado después de una instrucción que se ha prolongado durante más de dos años, y ahora todos los ojos están puestos en los próximos pasos de este complejo caso judicial.