Aprovechando la reunión, ayer, entre el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas, Greenpeace emitió un comunicado por el que pide a estas últimas que rechacen aumentar el gasto público en favor de una de las industrias más contaminantes y que más se ha opuesto a hacerse cargo de su responsabilidad frente al cambio climático: la automovilística.
El Ministerio intenta asegurarse el apoyo de las regiones a la nueva subvención directa propuesta por el presidente del Gobierno a la compra de coches.
Dejando de lado que estas ayudas, pagadas por todos los contribuyentes, dejan en mal lugar a Zapatero y sus promesas de economía verde y demás, se trata de una mala noticia de cara a los compromisos que España deberá, o debería, adoptar de cara a la trascendental reunión de Copenhagen de diciembre próximo, cuando hay que sellar un nuevo acuerdo global de lucha contra el cambio climático que sustituya al protocolo de Kioto, cuya vigencia expira en 2012.
El transporte en coche particular representa el 12% de las emisiones anuales de CO2 españolas.
Además, la flota de vehículos privados de nuestro país es una de las más grandes de toda Europa, con 481 turismos por cada 1.
000 habitantes.
Por otro lado, desde Greenpeace no se entiende que el Plan VIVE (Vehículo Innovador – Vehícle Ecológico, que ayudaba a financiar el coste de vehículos con emisiones por dejabo de los 152 g CO2/km), que el gobierno acaba de dar por finalizado, vaya a ser sustituido por un nuevo plan, el 2000E, que representa una mejora muy tímida: se rebaja a 140 g CO2/km.
Además, según recuerda Greenpeace, ya en 2008 al industria del automóvil se había comprometido a conseguir ceñirse a ese límite de emisiones, por lo que el ejecutivo no haría más que respaldar las promesas incumplidas de los fabricantes.
Reclaman pues más ambición: los objetivos de la Directiva Europea, es decir 110 gCO2/km.
También señala Greenpeace que el tranporte público da más empleo que el privado, y que, según la la Conferencia Europea de Ministros de Tranporte (ECMT) en 1999, los beneficios económicos de este tipo de planes, a largo plazo, son más que dudosos.
Por todo ello, Greenpeace apuesta por una fiscalidad verde que favorezca sólo a los vehículos realmente ecológicos, además de potenciar el transporte público por encima del privado.
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