El gobierno saliente de Islandia acaba de aprobar una revisión al alza de las cuotas balleneras, con un gran incremento del número de ballenas que podrán ser muertas por la flota pesquera islandesa.
La medida supondría autorizar la pesca de 100 ejemplares anuales de ballena enana, más del doble de las autorizadas hasta la fecha, cuya carne se consume en Islandia.
Pero la parte más incomprensible de esta decisión es que autoriza la pesca de 150 ejemplares anuales de rorcual común.
Este cetáceo está catalogado como amenazado en el Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
En Islandia habían capturado 7 en los últimos 3 años, ¿por qué ahora 150 anuales? Resulta que algún intrépido empresario de la isla consiguió exportar a Japón carne de esta ballena con pingües beneficios, y habrán hecho cálculos de lo que se pueden forrar.
Con un gobierno que se colapsa en medio de acusaciones de mala gestión que ha llevado al país a una profunda crisis económica (alguien irónicamente llegó a ponerlo en venta en E-bay), el actual ministro de pesca Einar Gudfinnsson se ha sacado de la manga esta ampliación de cuotas que desde el movimiento ecologista islandés Iceland Nature Conservation Association (INCA) no dudan de calificar como “un acto de sabotage, de resentimiento y contra el gobierno entrante” (Traducción libre).
Parece ser que el gobierno que está a punto de formarse en Islandia podría detener este sinsentido.
Esperemo que así sea.
Yo lo que me pregunto es por qué no hay tribunales internacionales que puedan juzgar delitos ecológicos, seguro que entonces muchos se lo pensarían antes de firmar decisiones estúpidas como ésta.
Japón, Noruega e Islandia son los tres únicos estados que autorizan la pesca de ballenas por razones diferentes de la supervivencia indígena.
Japón es el políticamente más duro en su defensa de esta práctica, e Islandia es la que menor número de capturas efectúa.
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